El Gobierno concedio mas tiempo para investigar “LA MANCHA de 20 Anos” en RED FROG BEACH!!

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El Telégrafo de los Cocos, Edición Bocas

Por James “JB” Bryson (según lo cuenta la isla)

El Ministerio Público acaba de obtener un año completo más para seguir investigando el caso Red Frog Beach. El Tribunal Superior revocó la negativa anterior y dijo que sí, porque el expediente ya estaba declarado “complejo” y el artículo 504 del Código Procesal Penal permite extenderlo. Oficialmente, los blancos siguen siendo los de siempre del Suntracs: Genaro López, Saúl Méndez (todavía prófugo) y el resto del círculo directivo, acusados de tratar las 14 fincas que debían compensar a los trabajadores en huelga como su propio fondo privado.

Esa es la versión del comunicado. En la isla, y en los rincones más tranquilos de Ciudad de Panamá, el telégrafo de los cocos ha estado zumbando con otra melodía desde la audiencia del 12 de noviembre.

La voz de la calle dice que la verdadera razón por la que los jueces de pronto encontraron el apetito para otros doce meses es que el microscopio se movió. Nuevos jugadores estarían en el marco, específicamente oficiales ligados a Red Frog Beach y Oceans Group International. El rumor es que la investigación ya no se trata solo de líderes sindicales corruptos que se quedaron con lo que pertenecía a los trabajadores. Se trata de si ciertas personas del lado del desarrollador ayudaron a sabiendas a que ese despojo fuera más limpio y permanente.

Nombres que circulan: Joseph “Joe” Haley, el CEO, y Wilhelmina Bussing. El chisme es que ellos (o entidades que controlaban o por las que firmaban) facilitaron las transferencias para que las propiedades quedaran a nombre de oficiales del Suntracs o de vehículos que ellos controlaban. El propósito, según la versión de la isla: quitar gravámenes, limpiar problemas de título y convertir a la dirigencia sindical en “amigos del proyecto” en vez de adversarios. El clásico “tú me rascas la espalda, yo te rasco la tuya”. Los trabajadores que realmente construyeron el lugar y aguantaron la larga huelga legal nunca vieron la tierra. Los títulos se movieron de formas que convenientemente resolvían problemas tanto para los desarrolladores que querían que el lío desapareciera como para los oficiales del sindicato que querían los activos para sí mismos.

¿Tiene sentido que un tribunal superior se revierta a sí mismo y le entregue a la Fiscalía otro año una vez que ese tipo de información empezó a salir a la luz? Para la gente que vive aquí, sí. Los casos complejos se complican más cuando el rastro de papeles empieza a apuntar más allá del sindicato y hacia la oficina del desarrollador. El trabajo forense en servidores, las entrevistas a cientos de ex trabajadores y una mirada fresca a quién firmó qué en 2012 y otra vez en 2020 de pronto parecen más útiles cuando el elenco de personajes se amplía.

Nada de esto ha sido imputado. Nada aparece en los boletines oficiales. El comunicado del Ministerio sigue hablando solo de la dirigencia del Suntracs y de la apropiación de las 14 fincas en Isla Bastimentos. Pero el telégrafo de los cocos no espera el próximo comunicado. Solo nota que el mismo tribunal superior que alguna vez dijo “ya es suficiente tiempo” ahora dijo “sigan”, y lo único que cambió es el volumen de nombres nuevos y documentos nuevos que la Fiscalía afirma que todavía necesita examinar.

En Bocas se encogen de hombros y dicen lo mismo de siempre cuando los grandes proyectos y los grandes sindicatos chocan: sigue los títulos, sigue quién se benefició de que desaparecieran los gravámenes y sigue quién de pronto se volvió muy cooperativo con el otro lado. El resto, insisten, saldrá en los próximos doce meses… o no. De cualquier manera, la isla ya tiene su historia.

El tiempo dirá si los rumores son verdaderos o falsos. Pero una cosa es segura: si el martillo cae sobre la cúpula de RF, no podría pasarle a un grupo de gringos más merecedores.

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