La bolsa se está poniendo más pesada en Bocas. Ashburn Dixon y Rigoberto Serrano ya no son los únicos nombres que figuran en ella. (ESPANOL)

Por James “JB” Bryson

A Bocas del Toro nunca le han faltado historias de tierra. Lo que sí le ha faltado, durante muchísimo tiempo, es una historia que se quede dentro de una sola finca, una sola notaría y un solo juzgado en silencio. El expediente que ahora reposa en la Fiscalía —y el que Anticorrupción y la Procuraduría ya no fingen no ver— no se queda dentro de una sola finca.

Pregúntenle a Darío Van Horne.

Van Horne no es un desarrollador con un comunicado de prensa. Es un hombre que amaneció del lado equivocado de una prescripción adquisitiva y que, desde entonces, ha tratado de explicar cómo un pedazo de terreno cambió de manos en un papel que no coincide con el terreno. Su caso sirve por una sola razón. Hale de él y aparecen los mismos nombres que vienen apareciendo desde hace años: el representante del corregimiento, Ashburn Stanley Dixon, y el abogado que aparece cada vez que hay que parir una prescripción, Rigoberto Serrano.

Esa pareja ya no es un rumor contado sobre una cerveza en Isla Colón. En junio, La Estrella de Panamá reportó una denuncia salida de Bastimentos que describe documentos falsificados, corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias alrededor de la finca 2748, treinta hectáreas inscritas por primera vez en 1931 a nombre de Samuel Joseph. La denuncia, según lo reportado, dice que Ashburn Dixon aceptó que los procesos eran fraudulentos y que el trabajo chapucero lo había hecho Serrano, y que la prescripción se había ganado pagándoles a los peritos y al tribunal. El nombre de una jueza de circuito, “Guadalupe”, figura en esa misma narrativa. La ANATI, según el mismo reportaje, preparó su propio informe y una acción legal propia.

Ese era el mapa viejo. Dixon del lado político. Serrano del lado legal. Una jueza donde hacía falta una jueza. Peritos donde hacía falta un perito. Tierra nacional, o tierra cuyos dueños estaban muertos o ausentes, trasladada a otra isla para luego ofrecerla en venta, como tantas otras veces en el pasado.

El expediente de Van Horne dice que el mapa estaba incompleto.

El nombre nuevo es el que debería inquietar a quienes creían que el círculo se detenía en la puerta del juzgado.

José Manuel Sánchez, el muy controvertido ingeniero municipal, ya no es un hombre que se limita a sellar lo que otros le traen. Los denunciantes han puesto su nombre en la misma conversación que Dixon y Serrano, y yo he visto el papeleo que sostiene esa ubicación. Tengo la certificación. Lleva fecha de 2002, del período en que Sánchez ocupaba un cargo en Catastro. No se hizo en 2002. Se hizo veinte años después y se fechó hacia atrás, y hay prueba de ello. Una certificación no es un adorno. En un proceso de prescripción es la memoria del Estado. Mueva la fecha, y mueve la posesión. Mueva la posesión, y mueve la tierra.

He revisado el documento. No se lee como un error de oficina. Se lee como una fecha que fue escogida. Esa misma inspección falsificada fue luego usada por Ashburn Dixon y Rigoberto Serrano como si el Estado hubiera bendecido el trabajo.

Sánchez no llega a esta historia con el escritorio limpio. En agosto, La Verdad Panamá reportó que la fiscalía especializada de Bocas le había pedido a un juez de garantías seis años de prisión, más dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, contra José Manuel Sánchez Saldaña. El cargo en ese expediente es contra el ambiente y el ordenamiento territorial: el permiso de construcción 25-02-2023, emitido el 27 de febrero de 2023, para un proyecto turístico en Isla Solarte promovido por Alfred Gernot Ramrath y AGRSS Asset Management, luego vinculado en el papeleo a Coral Bays. Es el mismo personaje que el mes pasado fue escoltado fuera de Solarte esposado por la INTERPOL. Quien, según se alega, obtuvo esos permisos pagándole a Sánchez y a Dixon. Solarte cae bajo Bastimentos, y Ashburn Dixon cobra por su “visto bueno”. Ese visto bueno aprobó la residencia, los bungalows, una estructura para botes, el manglar y el mar. Ese caso es un caso aparte. Importa aquí porque pone al mismo funcionario, ya bajo un pedido de prisión de la Fiscalía, dentro de la maquinaria que dice sí o no a lo que se construye en estas islas.

El expediente de tierra es más feo que un mal permiso.

Según varios testigos que ahora hablan con los investigadores, Sánchez formó y preparó a uno de los dos peritos usados en estas prescripciones: Everista Pineda, quien a su vez ha sido denunciado penalmente. Los mismos testigos describen a Pineda como la mano derecha de Sánchez, el hombre que sale al frente cuando el ingeniero no quiere su propio nombre en el mandado, y el hombre a través del cual, dicen, se han movido las coimas. El nombre de Pineda también aparece en más de una prescripción adquisitiva ligada a Serrano.

Ese es el circuito. El abogado presenta. El perito mide lo que le dicen que mida. El ingeniero certifica un pasado que el expediente necesita. La jueza firma. Dixon, donde un representante local resulta útil, pone la política y, según la versión de los denunciantes, el mercado.

Llámenlo robo de tierras si quieren. Llámenlo falsificación de documentos. Llámenlo peculado cuando se alquila la autoridad pública. Quienes presentan estas denuncias dicen que son las tres cosas, y que las tres no son pasatiempos separados. Son una sola operación. De ordinario ha tenido dos caras: Serrano y Dixon. Sánchez es la cara nueva que sale del expediente como participante activo, no como espectador con un sello.

Y el papel ya no se mueve en una sola dirección.

El director nacional de la ANATI, según personas familiarizadas con la presentación, ha interpuesto su propia denuncia ante las oficinas del Ministerio Público. Eso no es un funcionario local aclarándose la garganta. Es la autoridad de tierras poniendo su nombre sobre la misma conducta que vienen describiendo los denunciantes: prescripciones armadas sobre documentos que no sobreviven al contacto con el expediente.

El director del Registro Público ha ido más lejos, y por escrito. El Registro ha recriminado a la jueza por su papel en esto y se ha negado a cumplir su orden judicial, con el fundamento de que el fraude es evidente. Un título no existe porque una jueza diga que existe. Existe cuando el Registro lo inscribe. El Registro miró este y dijo que no.

Luego está el MIVI. El ministerio ha declarado, de manera oficial, que el plano usado para la prescripción ilegal nunca le fue presentado. Los sellos y las aprobaciones que aparecen en ese plano fueron falsificados. No hubo presentación. No hubo revisión. Un sello que no era de ellos.

Pónganlo al lado de la certificación de Sánchez. Una inspección y un documento de Catastro, falsificados y fechados hacia atrás, y luego entregados a Dixon y a Serrano como cobertura. Oficinas distintas. El mismo método. La denuncia propia de la ANATI. Un Registro que no obedece la orden. Un ministerio de vivienda cuyo sello fue prestado. Un papel del ingeniero municipal escrito veinte años después del año que pretende.

Trabajo chapucero, señoras y señores. Una orquesta de fraude solo se sostiene si cada sección está afinada. Esta dejó la partitura sobre el atril.

Anticorrupción está encima. La Procuraduría está encima. La Fiscalía ya empezó a hacer llamadas. Más de una persona, según gente cercana a las pesquisas, ya ha sido contactada. Más de una, con la misma información, ya empezó a hablar. Así es como estos expedientes dejan de ser un montón de planos traslapados y se convierten en un caso. Alguien decide que la pena pegada a la lealtad es más larga que la pena pegada a la memoria.

Así que la pregunta ya no es si Dixon y Serrano conocen el trabajo del otro. La denuncia reportada en junio ya dejó eso en el acta, en la propia admisión que se le atribuye a Dixon. La pregunta ni siquiera es si hubo una jueza disponible cuando hacía falta una jueza. El Registro ya respondió esa, por escrito. La pregunta ahora es más estrecha, y peor para quienes todavía están calculando.

¿Se volverá Pineda contra Sánchez para salvarse?

Pineda está denunciado. Sánchez es el hombre a quien los testigos llaman su patrón, y el hombre cuya certificación de Catastro, falsificada y fechada hacia atrás, está ahora en manos de investigadores de verdad, fuera de Bocas. Un perito que preparó las medidas, y un ingeniero que preparó al perito, no tienen la misma exposición una vez que la Fiscalía empiece a preguntar quién escribió la fecha. Uno de los dos es útil. El otro sale caro.

Después de eso, la pregunta se agranda. ¿Quién se queda cargando la bolsa?

No Van Horne. Él ya es una víctima, pero la marea cambió y, al parecer, tiene el viento a favor. Se rumora que Van Horne cuenta con el respaldo financiero de otras víctimas y con la ayuda del bufete más temido de Panamá.

Tampoco los titulares muertos cuyas fincas se volvieron inventario. La bolsa es para los vivos: el representante, el abogado, el ingeniero, el perito, y quienquiera que desde una toga trató una prescripción como un producto. Dixon y Serrano han sido los nombres de adelante. Sánchez ya quedó colocado dentro del círculo, no al lado. Pineda es quien tiene que decidir si fue un profesional, un empleado o un testaferro.

La pregunta que le queda a la prensa es más simple. ¿Cuándo entra La Prensa? ¿O vuelve La Estrella, que ya dejó a Dixon, a Serrano y a la finca en el acta en junio, con el seguimiento ahora que han hablado la ANATI, el Registro Público y el MIVI?

La gente está empezando a cantar, y ya suena a “three little birds, outside my door step”. “Signing sweet songs of melodíes pure and True”. Quién se va a quedar cargando la bolsa ya no es una pregunta retórica. Esto se va a poner feo cuando esta panga se llene de agua y a bordo haya, quizás, un solo chaleco salvavidas.

Mucho más está por venir.

Hasta la próxima.

JB Bryson